Napo agoniza entre la aparición de nuevos
focos de minería y la falta de control del Estado

Esto ya sucedió.

Napo vive un indeseado déjà vu.

En Ecuador fue un boom la noticia de la pérdida masiva y acelerada del río Jatunyaku en la zona de Yutzupino. Entre octubre de 2021 y enero de 2022 la minería ilegal se expandió en 70 hectáreas, lo equivalente a 99 canchas de fútbol profesional.

A partir de la presión social de las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, el 13 de febrero de 2022 a la 01:00 se llevó a cabo un gran operativo de control en lo que quedaba del río. Hasta el lugar llegaron la ministra del Interior, el ministro de Defensa y 1600 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Entre los enormes cráteres de roca y las montañas de escombros, en lo que antes era un cristalino afluente del río Napo, esa madrugada se incautaron 148 retroexcavadoras; 97 motores de succión de agua; 16 bombas de agua; 80 máquinas de separación de minerales, llamadas “Zetas”; 41 tanques de reservorios de plástico de 1000 litros con combustible, y otros bienes que se utilizaron para extraer oro.

En la mañana de ese día de febrero circularon fotos, videos y las imágenes aéreas del desastre ecológico, del biocidio. Hubo personas arrestadas que luego fueron dejadas en libertad.

Tena es la capital y ciudad más grande de la provincia de Napo, una región de rica biodiversidad rodeada de exuberantes colinas tropicales y ríos que atraen a los turistas que buscan aventuras en kayak y caminatas por la selva.

Según el Ministerio de Turismo (MINTUR), en Napo existen 318 atractivos turísticos. La mayoría son sitios arqueológicos (81), seguido por 68 cascadas, 15 miradores y 14 cavernas como la conocida Jumandy.

Esto hace que la actividad turística sea el segundo rubro de ingresos económicos de la provincia luego de la agricultura. Una de las principales actividades es el canoping que se practicaba en ríos como el casi desaparecido Jatunyaku.

De acuerdo con las organizaciones sociales y defensores de la naturaleza, más de dos mil personas trabajaron en Tena entre ese octubre y ese febrero en la extracción ilegal de oro. A pesar de que, en noviembre de 2021, la extraña aparición de las primeras cuatro retroexcavadoras a las orillas del Jatunyaku llamó la atención de activistas ambientales que denunciaron a la Gobernación del Napo, y hasta por redes sociales, pero no tuvieron respuesta. Desde el mirador Los Ceibos se veía claramente el avance de las máquinas naranjas que de 4 pasaron a 10, a 50, a 100 a 148.

El mirador fue lo primero en ser clausurado. Nadie alrededor sabe quién exactamente puso las cintas amarillas con la palabra peligro en letras negras a la entrada y, si lo saben, no lo dirían. Por ahí pasaron las retroexcavadoras para entrar de manera clandestina al río Jatunyaku. Actualmente, en la unión de la carretera Troncal Amazónica con esa vía secundaria hay un control policial, pero el miedo, la duda y la desconfianza se mantienen entre los pobladores.

Personas de la zona cuentan que les pagaron entre USD 2000 y USD 2500 por el paso de las máquinas retroexcavadoras por sus terrenos. A cambio de mantenerse en silencio.

Oliver* (nombre protegido) tenía 17 años cuando comenzó, en 2021, la destrucción del río Jatunyaku

―Si uno se ponía debajo de las “retros”, por donde caminaba encontraba oro ―cuenta como si fuese una de sus primeras hazañas de juventud―. A veces nos hacían pagar USD 1 para entrar a minar, pero valía la pena. Eso fue al inicio, luego comenzó a llegar más y más gente, por ahí dicen que fueron miles. Yo vi mujeres embarazadas, niños, adultos. Nos empujábamos para coger el oro. Yo sí tuve suerte, si me gané unos miles de dólares― dice Oliver con sonrisa todavía inocente.

― ¿Y Cómo era el proceso? ¿Quién te compraba el oro?

Un señor, un viejito que tenía un local en Tena. Solo a él le podías cambiar el oro y te daba en efectivo.

― Eras joven. Tenías 17 años cuando se saqueó el Jatunyaku. ¿No tuviste miedo?

Con la picardía infantil de los adolescentes Oliver sonríe y acepta que tuvo miedo al inicio pero que después reflexionó que “¿Si todos lo hacen, por qué él se iba a quedar sin oro?”.

―Mi mamá me decía que no fuera. Pero nosotros éramos una familia pobre, y de un momento a otro teníamos mucho dinero bajo el colchón.

― ¿Y qué hicieron con ese dinero?

― Mandamos a mis hermanas a otra ciudad para que se compren una casa y salgan de aquí. Yo no me voy porque no quiero dejar a mis padres solos. Aquí no podíamos tener mucho dinero porque solían venir a requisarnos cuando empezaron a hacer operativos.

― ¿Tanto dinero hicieron?

― Uf, sí. Imagínate que en un buen día se sacaban varios gramos de oro. Teníamos que andar ‘pilas’ porque si no, te podían seguir para robarte. Hubo casos de que entre vecinos se estafaron.

― ¿A ti te robaron alguna vez?

―No porque aprendí a ser precavido. Una noche encontré un pedazo de oro así de grande (con sus manos tersas por la edad y bronceadas del sol, separa el aire unos 10 centímetros). Y, ¿sabes qué hice? Me fui al bosque, alrededor de las 11 de la noche. Despacito para no hacer bulla. Mirando a todos lados. Me fui bien profundo y me quedé escondido entre un árbol haciendo silencio y con el oro en las manos. Me mantuve casi como una estatua. ¡Por tres horas! Hasta estar segurísimo que nadie me siguió. Ahí, como a las 2 de la mañana, con la luz de la luna, enterré mi oro. Sólo yo sé dónde está.

Mientras continúa la caminata y conversación con Oliver, intentando llegar al nuevo mirador que se construyó unos metros a la izquierda del antiguo, un hombre aparece. Oliver inmediatamente empieza a hablar de aves y de qué lugar turístico recomienda visitar en la zona. El hombre se internó en el mirador. Cuando desaparece, Oliver susurra que esa persona es del “grupo de inteligencia de los mineros”, que ellos andan en todos lados y le “avisan todo al patrón”. Que no les gusta que vengan personas o periodistas a preguntar mucho.

La inacción del Estado

En marzo de 2022, días después del desastre de Yutzupino, doce colectivos de Napo interpusieron una Acción de Protección al Estado ecuatoriano por falta de control a las concesiones mineras. Ganaron en primera y segunda instancia. El 13 de abril de 2022, el juez de la Corte Provincial de Napo obligó al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) a presentar, en 180 días, un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal de toda la provincia, causada por la falta de control.

Las autoridades no han cumplido con la sentencia.

Los colectivos interpusieron, en enero de 2023, una nueva demanda por incumplimiento de la demanda anterior. Nuevamente, el juez de la Corte de Justicia de Napo les dio la razón y ordenó la destitución de los tres ministros, la reparación de las zonas afectadas y 48 horas para presentar el plan de reforestación. Sigue sin haber respuestas estatales y nadie fue destituido.

El 13 de abril de 2023, la Asamblea Nacional aprobó con 121 de 137 votos, el Informe de Fiscalización y Seguimiento de la minería ilegal en Napo, en la zona de Yutzupino. En el documento, se reconoce la inoperancia del Estado y los grandes daños sociales y ambientales en un radio de 20 kilómetros alrededor del río Jatunyaku, llamado “Punto cero”. de la Asamblea Nacional es vinculante e incluye 36 obligaciones y acciones inmediatas que varios Ministerios debieron cumplir para parar el biocidio de Yutzupino.

Exigencias como que en 60 días el Presidente de Ecuador reforme los Decretos Ejecutivos 754 y 151 relacionados con la minería.

Al Ministerio de Minas le obligó a reestructurar la Agencia de Regulación en un máximo de 60 días. Esto no ocurrió. Solo cambiaron de director, quien dijo através de su dirección de Comunicación, que dará entrevistas cuando esté más empapado de los temas.

El Ministerio de Minas tiene 90 días para entregar a la Asamblea Nacional un informe geológico y una nueva normativa que mejore los procesos de control. Y, en ese mismo tiempo, debe solicitar los informes técnicos y legales a la Agencia de Regulación para la extinción de los derechos mineros.

A la Agencia de Regulación le obligó, en menos de 30 días, a contratar seis especialistas de seguimiento y control minero, solo para la provincia de Napo.

Al Ministerio de Ambiente le dio 30 días para crear los procesos de determinación de daño ambiental.

Al Ministerio de Salud le dio 30 días para lograr un estudio del nivel de afectación de la población derivado de la actividad minera.

Al Ministerio de Transporte le dio 30 días para regularizar todas las maquinarias y retroexcavadoras, y asegurarse que tengan su certificado de instalación de GPS.

Rojas está haciendo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Resolución por el que tanto lucharon. Cuenta que, desde la Presidencia, lo último que le dijeron fue que no les llegaba todavía la notificación.

El Ministerio de Ambiente le respondió para esta investigación que están analizando la situación, que es todo lo que pueden decir. La respuesta fue parecida en el Ministerio de Minas. La Agencia de Regulación alega que casi está naciendo de nuevo y no sabe de esta Resolución. El Ministerio de Transporte no ha brindado respuesta hasta el momento. Varios responsables de las instituciones públicas nombradas no conocían la Resolución a partir del informe de Fiscalización y pidieron copia del documento para saber de qué se trata.

Gustavo Redín es abogado experto en temas ambientales y parte de la organización CEDENMA ―que agrupa a varias organizaciones ambientalistas ecuatorianas―. Recordó que, no se puede esperar mucho si, para colmo, el ente de fiscalización que emitió esta Resolución, la Asamblea Nacional, ya no existe como tal luego de la Muerte Cruzada.

A pesar de esto. A pesar de todo. A pesar de los operativos, de las noticias, de las demandas, de la fuga de oro y de la devastación ambiental, Napo está viviendo un segundo biocidio.

Llegó un desastre mayor que está pasando desapercibido

Por favor, no diga mi nombre ―esta frase se repite entre la gente de la zona que vive de cerca y que hasta ha denunciado las operaciones de la minería―. Alberto* es oriundo de la zona del río Huambuno. Trabaja en el turismo ecológico. Es parte de una comunidad ancestral que no está de acuerdo con la minería.

Frente a su propiedad, al otro lado del río, desde años pasados ha visto cómo se ha incrementado la presencia de retroexcavadoras que van desfondando el suelo más de 10 metros con el objetivo de extraer oro, destruyendo todo lo que está a su paso.

Alberto ha venido documentando por años, con fotos y videos esta actividad, por lo que una tarde del año pasado fue encañonado en la sien.

―Vino un hombre, me apuntó y me dijo que si sigo denunciando me va a matar y me va a dejar botado como perro en la calle o en el río. Yo, en ese momento, pensé que me disparó, pero no me disparó.

El caso es complicado y está siendo investigado por la Fiscalía. Alberto ha documentado la presencia de 18 frentes mineros con más de 80 retroexcavadoras en el trayecto Dorado-Huambuno-Cashayaco-San Pedro de Huambuno, Alto Huambuno y Río Blanco. Dice que las máquinas trabajan de noche y de día.

―Están destruyendo el río del que bebíamos y que usábamos para bañarnos. El agua comenzó a contaminarse. Se afectan las ranas, las aves, toda la biodiversidad. Nunca hubo socialización, ni capacitación, sino que de la noche a la mañana aparecieron las máquinas. Yo tengo puesta una denuncia y mis tíos también pusieron siete denuncias más pero nunca hicieron el peritaje y está todo en la Fiscalía de Quito― dice Alberto con una voz nostálgica.

Un estudio de la Universidad de Ikiam, además de demostrar que en Napo hay ríos muertos como el caso del Chumbiyaku, que tiene 500 veces más metales pesados de los límites permitidos, indica que en las áreas afectadas por la extracción aurífera, el suelo se erosiona, pierde materia orgánica y el drenaje gradual de los desechos contaminantes baja hacia capas inferiores del suelo, convirtiendo en tóxicas e inservibles las tierras.

Familias de la zona de Ahuano, cercanas a las poblaciones de Huambuno Alto y Río Blanco, han denunciado afectaciones en su piel por bañarse en el río Napo.

La comunidad de Río Blanco se dividió. Cinco familias crearon una nueva llamada Ñucanchi Urku y dieron paso a la minería. Alberto nombra las concesiones Napu Kury, Huambuno 1, Huambuno 2, Huambuno 3 y el Emprendimiento Minero Familia Romero.

Napu Kury no está en la lista de operadoras inscritas en el Ministerio de Energía y Minas. El Emprendimiento Minero Familia Romero está concesionado al señor Iván Romero.

Huambuno 1, Huambuno 2 y Huambuno 3 están concesionadas a la empresa Transconmi Construcciones Cía. Ltda. El actual representante legal es Nelson Ashanga. El fundador, Gerente General y accionista de esta empresa de 2010 a 2021fue Telmo Andrés Bonilla Abril, alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo. De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, la empresa Transconmi no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras.

Intentamos comunicarnos con el exalcalde de Archidona, Andrés Bonilla, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco recibimos una respuesta por parte de la empresa ni por número telefónico ni por el mail (yahoo) que tiene Trasnconmi registrado en la Superintendencia de Compañías y que coincidencialmente es el mismo mail de contacto de la Empresa Terraearth Resources.

Terraearth Resources es una empresa minera de capital china que tiene varias concesiones para la extracción de oro dentro de la provincia de Napo. Sin embargo, ha tenido varios llamados de atención y notificaciones por parte del Ministerio de Ambiente debido a incumplimientos ambientales, anua si, sigue operando.

En el Sistema Único de Información Ambiental (SIUA) del Ministerio de Ambiente se registran tres pedidos de licencia ambiental para las tres concesiones Huambuno. La última es reciente y tiene fecha del 23 de abril de 2023. Todas fueron archivadas, lo que significa que no cumplieron los parámetros para obtener el permiso ambiental. Sin embargo, en el terreno, hay máquinas operando.

De acuerdo con Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), en 2022 la expansión de la superficie minera en Huambuno fue de un 86,1%. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas. Esto es el doble de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, según un nuevo cálculo de MAAP.

Para muchos, si Yutzupino fue un biocidio, Huambuno es otro más grande. Por eso, Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de Ecuador y miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, cree que el Estado debe declarar la emergencia ambiental en la provincia de Napo.

Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.

La Agencia de Regulación, en 2022, realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.

Dentro de las causas que Fiodor Mena nombra para el desastre de los ríos de Napo está la debilidad institucional. De acuerdo con el informe de la Comisión de Biodiversidad de la exAsamblea Nacional, hasta 2022 se contaba con sólo un especialista técnico minero que debía controlar 552 concesiones mineras inscritas y 171 en trámite distribuidas en tres provincias: Napo, Orellana y Pichincha.

Además, este técnico tenía que realizar trámites administrativos e informes. Muchos informes.

El mismo documento de la Asamblea da cuenta de que existe una gran cantidad de trámites represados en la Agencia de Regulación: 275 trámites pendientes en el sistema Quipux, 190 informaciones semestrales de producción, 165 informes anuales de explotación y producción, además de las denuncias ciudadanas y los acompañamientos a los operativos de control solicitados por el Ministerio de Ambiente, Fiscalía, Municipios, entre otras instituciones.

Para la docente universitaria y politóloga especialista en temas ambientales, Mishel Báez, el Estado está en alianza con el sector minero. “El Estado defiende los intereses del capital minero y a la inversa. De hecho, hay recompensas como cargos importantes en las empresas luego de salir del sector público. Es una práctica muy común que empleados de empresas extractivas vayan a cargos públicos y luego regresen a mejores posiciones en las privadas. Esto se llama dinámica de puertas giratorias. En estos intercambios, el Estado y la minería viven en constante contubernio”, asegura.

Con las puertas giratorias se permite llevar y traer información, acuerdos y negociaciones entre el sector privado y el sector público. Por eso, países como Estados Unidos y Francia implementaron leyes que permiten una “etapa de enfriamiento”, que dura de uno a tres años, en los que un funcionario no puede trabajar en puestos importantes del mismo sector, y viceversa. Es una forma de paliar en algo este conflicto de intereses.

En Ecuador se propuso una Ley de control de las puertas giratorias. El debate sobre el proyecto de ley se dio en el Pleno de la Asamblea, duró menos de dos horas y se archivó por mayoría el 24 de marzo de 2022.

Minería sin carretera, no es minería

―Tengo miedo― dijo con la voz doblegada Gonzalo* quien vivía a 10 minutos, río abajo, de la comunidad de Alberto, al otro lado del río Napo.

Gonzalo era operador turístico y comenzó a observar, en septiembre de 2022, entre las salidas y llegadas de los turistas en lanchas que, frente a su propiedad, maquinaria pesada desviaba abiertamente el río Napo en la desembocadura del río Arajuno. Los visitantes comenzaron a quejarse del estruendoso sonido de la maquinaria que no paraba las 24 horas. Algunos salieron molestos, otros, sorprendidos.

Gonzalo tomaba fotos y videos, y los subía a las redes sociales. La zona que estaba siendo removida era un banco de arena, que era parte de la comunidad de Balzachicta, en la que existe una concesión para la extracción de material pétreo que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo. Esta concesión no tenía todavía los permisos ambientales para operar y el registro en el Ministerio de Energía y Minas aún está en trámite. Sin embargo, desde septiembre de 2022 las volquetas, retroexcavadoras, y clasificadoras de material llegaron cada vez más al lecho del río.

Gonzalo siguió día a día los avances de la extracción de material pétreo en esa especie de banco de arena del Napo. Mandó cartas a los ministerios de Turismo, Ambiente, Minas, y a la Fiscalía.

El 5 de diciembre de 2022 la Dirección Zonal del Ambiente suspendió las operaciones de la concesión debido a infracciones como:

• No contar con Registro Generador de Desechos Peligrosos.
• La Contaminación y desvió del cauce del río Napo.
• No contar con los permisos administrativos.

Fiódor Mena era el director regional del Ministerio de Ambiente en ese momento y confirma que no tenían todos los actos administrativos al día. Por eso dio la orden de suspensión.

Sin embargo, las máquinas siguieron en funcionamiento.

El 31 de enero de 2023, el ministro de Turismo, Niels Orsen exhortó a la prefecta de Napo, Rita Tunay; al director de la Agencia de Regulación, Luis Maingon, y al alcalde de Tena, Carlos Guevara, para que tomen las precauciones al momento de realizar trabajos de infraestructura. Recordó que el río Napo, junto con otros fueron declarados “sitios de interés turístico” en el 2020 y que durante la solicitud o emisión de permisos ambientales para la extracción de material pétreo y minero, se debe tomar en cuenta la existencia de recursos y atractivos.

Una semana más tarde, la Prefectura respondió a esa cartera de Estado confirmando que ya solicitó todos los permisos y que el material extraído de la concesión Balzachicta GADP de Napo está siendo utilizado para una importante obra: “los 14 kilómetros de asfaltado de la vía Río Pusuno - Ahuano tercera etapa, anhelada por muchos moradores”.

El 1 de marzo, con las insistentes denuncias en redes sociales de algunos pobladores como Gonzalo, en un gran operativo el Estado se vio obligado a clausurar las máquinas de la Prefectura por incumplimientos administrativos y ambientales.

A pesar de esto, el 2 de marzo las máquinas siguieron funcionando.

Gonzalo denunció en varios medios este continuo incumplimiento hasta que autoridades cantonales y parroquiales a favor de la minería se reunieron con pobladores de la zona para convencerlos de los beneficios de la nueva carretera.

En una asamblea que quedó grabada, los líderes locales dijeron que hay que hacer justicia indígena a los extranjeros que se entrometen en las decisiones de la provincia (Gonzalo no es ecuatoriano). Así le llegaron cuatro amenazas de muerte y de justicia indígena. Gonzalo tuvo que salir del país por miedo y en un acto de quebranto al conversar con esta alianza periodística, lloró al contar que siente que está viviendo un exilio.

Jose Punzhi creció entre el río Napo y esa selva de la comunidad de Balzachicta. Parte de sus terrenos fueron invadidos, primero por operadores mineros en agosto de 2022 y luego por la Prefectura. Nunca le pidieron permiso para que opere maquinaria en su predio. Los mineros de la zona le dijeron que esas tierras ya tenían otro propietario y Punzhi comenzó un proceso judicial.

―Lo que hacen los señores mineros, que según ellos se presentan como empresarios, es dividir a la gente. Lo que hacen es comprar a la gente. Los operadores mineros le ofrecen de todo a la comunidad, créame. Yo ahí crecí, me eduqué, viví ahí con mis papás. Esas tierras nos pertenecen. Los mineros llegaron a ofrecer a la directiva de la comunidad el 15 % de lo que sale del oro, una obra de compensación y dar trabajo a la gente. Luego les ofrecieron una fiesta con comida y trago. Listo ¡comprada la conciencia de una parte del pueblo! A nosotros no nos tomaron en cuenta. Se supone que deberían preguntarnos a todos los que tenemos propiedades ahí. Son como 40 familias y de esas 40 familias la mayoría hizo fiesta. Con denuncias logramos suspender las operaciones mineras porque no tenían los permisos . De Balzachikta bajaron hasta Huambuno algunos de esos llamados empresarios.

Luego vino el tema de la extracción de material pétreo en su orilla.

―Mis vecinos me dijeron que se suspendió esa extracción que había sido de la Prefectura. Que era para una obra de asfalto dizque para mejorar la vía. Nosotros no impedimos totalmente la extracción de material, pero que se haga una minería responsable, lo que estamos viendo es que minan como les da la gana. Hay gente que no quiere comprometerse [exigiendo minería responsable] porque tienen miedo. Mis dos vecinos no firmaron la denuncia, me dijeron que no querían tener problemas―, dice Punzhi.

De acuerdo con documentos del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, el “mantenimiento del anillo vial Ahuano – Pununo”, se adjudicó al CONSORCIO RÍO PUSUNO AHUANO el 26 de mayo de 2021 por un valor de USD 7'406.960 para el asfaltado de 14 kilómetros desde el puente Pusuno-Ahuano a la parroquia Ahuano, donde se encuentra Balzachicta.

“Por estos millones es que estaban tan metidas algunas personas en el asfaltado y en la extracción de pétreos en la zona de Balzachikta”, cuenta Fiodor Mena. Asegura que se construyó un muro para desviar el río Napo en la zona de Balzachikta y que eso se pudo confirmar con las inspecciones del Ministerio de Ambiente. Además, esta carretera pasa por las concesiones mineras de las zonas de Huambuno, Río Blanco y Ahuano. Los moradores no dejan de preguntarse quiénes son los reales beneficiarios.

En abril de 2023 finalmente se aprobaron los permisos de funcionamiento para la concesión de la Prefectura de Napo: “ya les dimos el permiso, habían cumplido con los papeles que debían presentar y era un pedido de algunos pobladores, dueños de hoteles y lodges que decían que se beneficiarían de la carretera”, comenta Fiodor con una media sonrisa irónica y decepcionada. Luego, con los cambios de autoridades (el 2 de abril de 2023 el viceministro de Ambiente, José Antonio Dávalos pasó a liderar esta cartera), Mena fue removido de su cargo.

María Belén Noroña, profesora de la Universidad Estatal de Pennsylvania y experta en temas de conflictos socioambientales en actividades extractivas, alerta que en pocos años se acabará el petróleo de buena calidad en Ecuador y el Estado deberá mirar qué sector estratégico fortalecer para suplir las necesidades financieras del Estado. La minería está en la mira.

Con esto coincide Mishel Baez, quien cree que la minería ilegal es “la punta de la lanza” que favorece el discurso del Estado de que la solución sería la minería a gran escala, con grandes empresas inversoras, tecnología de punta y excelentes relaciones con el Estado. Esta narrativa, dice Baez, es una estrategia para levantar una imagen impecable de megaproyectos mineros como Cóndor Mirador y Fruta del Norte que operan en el sur del país.

“Lo que no se toma en cuenta es que, a grande, mediana o pequeña escala, la minería siempre traerá conflictos porque es posesión forzosa de la tierra, del agua, de los recursos naturales. En nuestros estudios hemos podido ver que los mismos problemas de las pequeñas mineras, los hay en las megamineras. Hay derechos igual de vulnerados. Empezando con que ninguna empresa en el país ha cumplido con el mandato de la Consulta Ambiental ni la Consulta Previa, libre e informada”, concluye Báez.

No todo está perdido

Desde el 2021, la fuerza, la presencia y la insistencia de los movimientos sociales y activistas ambientales han sido relevantes. Hasta antes de la pandemia no se veía la cobertura ampliada que ahora se tiene sobre temas de medio ambiente y cambio climático. Los Foros y Cumbres de comunidades indígenas que defienden su territorio son cada vez más habituales y sonados.

María Beatriz Eguiguren es la directora del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta institución académica también es parte del Consejo Nacional de Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. En una reunión presencial, la especialista en Ciencias Sociales muestra todas las publicaciones que ha producido el Observatorio en sus 15 años de creación y que está integrado por un grupo interdisciplinario que acoge a ecólogos, abogados y activistas.

Sus investigaciones les han permitido crear una metodología propia de trabajo para determinar y manejar conflictos socioambientales. Se le conoce como la metodología Obsa.

En una segunda reunión, virtual con Eguiguren y Fiodor Mena queda claro que las acciones que se han desarrollado en Napo, que comenzaron con los reclamos de menos de diez personas inconformes y que en dos años lograron que se firme una Resolución de Fiscalización Ambiental en la Asamblea Nacional, no ha sido al azar, ni por suerte, ni por pura pasión.

Se ha dado paso a paso. Mientras Eguiguren explica la metodología, vinieron a la mente las fotos, los videos, las reuniones con comunidades y pobladores ancestrales, la noche de guayusa y chicha en Tzawata, las lágrimas y la rabia en Shiguacocha, los susurros anónimos al teléfono, las mujeres luchadoras de comunidades como la Serena, Yutzupino, Río Blanco, Balzachikta. Las caras visibles como la de Sandra, Pepe, Andrés, Fiodor; las marchas contra la minería, las amenazas y la esperanza. Todo forma parte de una nueva etapa social en la que la minería incomoda y se acomoda, pero ya no de forma pasiva sino enfrentada, debatida, entendida. Para María Belén Noroña, la explicación está en que, a falta del control del Estado, de la sociedad civil han surgido personajes activos, luchas regionales y en red contra la minería, que están abriendo espacios más allá de los límites políticos y nacionales.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.