Minga: Reunión solidaria de amigos y vecinos para hacer algún trabajo en común.
Migajas: Restos o sobras que se dan a alguien o que alguien aprovecha.
Año 2020.
Fútbol, cervezas, asado, sudor compartido, trabajo en equipo. Risas. Nueve personas con botas de caucho amarillas y machetes en la mano, sonríen a la cámara. Otras, como si fuera una coreografía, deshierban a brazadas un pedazo de selva para armar la cancha. De fondo, una máquina gira y el cemento que va tapando los ladrillos que sostendrán la construcción de una casa comunal. El techo es de zinc. Varios hombres levantan un poste de madera en el que instalan una caja de electricidad. En todas las fotos hay sol, como anunciando que la felicidad no existe o no es para siempre.
“Esos eran nuestros eventos sociales, que se desarrollaban antes de que la empresa china envenenara la conciencia de algunos moradores”, dice, tres años más tarde, Patricio Villamil, mientras envía fotos por WhatsApp. Villamil es el presidente de la comunidad de Shiguacocha, un pueblo de 50 familias en la zona rural del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana.
La empresa china se llama Terraearth Resources y se dedica a la extracción de oro. Pero no siempre tuvo ese nombre. La compañía tiene un historial amplio de cambio de nombres, actividades y accionistas.
El 10 de octubre de 2001 se constituyó, en Quito, como la empresa RBBPACAY-RIO VERDE S.A. dedicada a la asesoría legal, financiera y contable. En junio de 2004 recibió capital extranjero de la empresa Merendon Mining Corporation LTD. que tiene a su vez, capital en Belice y está registrada en Honduras. En julio del mismo año, cambió su nombre a Merendon del Ecuador S.A. En octubre de 2004 cambió el objeto social: dejó de dar asesorías legales para extraer minerales. El 29 de septiembre de 2011 cambió el nombre a TerraearthResources S.A. En 2017, Peng YongMing y Wang Ye, de nacionalidad china, se convirtieron en los accionistas de la empresa minera.
Shiguacocha está dentro de la concesión Regina 1S que consta de 1650 hectáreas que el Estado adjudicó a Terraearth Resources para actividades de minería de oro en pequeña escala.
De acuerdo con la iniciativa MapBiomas Amazonía, entre marzo de 2017 y marzo de 2022, se identificaron 281 hectáreas de selva y zonas agrícolas deforestadas sólo en esa concesión. Lo equivalente a casi 400 canchas de fútbol profesional. La empresa Terreaerth Resources acusa a la minería ilegal en sus territorios y a la falta de control del Estado por ese incremento desmesurado.
La actividad extractiva de minerales en Ecuador empezó hace más de 25 años. Sin embargo, entre 2015 y 2023 se ha expandido en un 300 % en la cuenca amazónica, de acuerdo con una comparación multitemporal del proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP).
“Si miramos para atrás, las primeras operadoras mineras llegaron a instalarse en zonas rurales en las que habitaban comunidades indígenas que desconocían lo que venían a hacer y que, además, no tenían educación. Algunas ni siquiera hablaban español. Las empresas llegaron ofreciendo obras, favores, dinero. A los ancianos les hacían poner huellas digitales en permisos, documentos, contratos o, les compraban el terreno a precios irrisorios. Los pueblos comenzaron a dividirse entre quienes sacaban algún beneficio de las empresas recién llegadas y quienes veían con dolor la destrucción de sus tierras, su agua, su hábitat”, explica Andrés Rojas, Defensor del Pueblo de Napo.
¿Existe minería legal en Ecuador?
“Toda la minería en Napo es ilegal ―asegura Andrés Rojas― porque no se han cumplido con los procedimientos legales, los planes de manejo ambiental ni los planes de remediación”. Según Rojas, en Napo no existe una sola concesión minera otorgada con consulta previa, libre e informada, además, que ninguna de ellas ha presentado los lineamientos ambientales establecidos en el Código Orgánico del Ambiente y en su reglamento.
En el paro nacional de junio de 2022, que duró 18 días, una de las principales peticiones del sector indígena fue la implementación de la Ley y el Reglamento que indique cómo debe llevarse a cabo la consulta previa. El presidente Guillermo Lasso, en su momento, se comprometió a presentar un proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, en un máximo de 100 días. Han pasado 10 meses y todavía no existe tal instrumento jurídico.
Andrés Rojas, por su parte, insiste que en el 2010 la Corte Constitucional hizo un alcance sobre la consulta previa, libre e informada y que ahí ya se planteó el camino a seguir para expedir la normativa. Pero ni la Asamblea Nacional, ni el Poder Ejecutivo han tenido en cuenta estos lineamientos.
“El Estado no puede decir que no tiene lineamientos para hacer la consulta mientras no haya la ley, porque la Corte Constitucional ya dio unos sobre cómo hacer una consulta”, asegura el Defensor del Pueblo de Napo.
Lo cierto es que nadie ha consultado nunca a alguna comunidad de la provincia sobre actividades extractivas que se realizan en sus territorios. Los pobladores de Shiguacocha lo confirman y cuentan que décadas atrás, a sus abuelos también los convencieron para explotar sus terrenos. Recibieron dádivas y “ahora no crece nada”.
Arriba de un pequeño cerro, cerca de la comunidad, se puede ver un gran pastizal que no da confianza. Son terrenos abandonados que pertenecieron a Terraearth Resources. Luego de ser minados, hace más de cinco años, quedaron así. Con la soledad de la mala hierba ―los locales la llaman “cortadora”―, avisando que no habrá más que eso porque debajo todo está contaminado.
Fiodor Mena es presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales del Ecuador y fue, hasta el 6 de abril de 2023, Director Zonal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. De acuerdo a estudios del cuerpo colegiado, se calcula que la reforestación de una hectárea de Amazonía intervenida por la minería cuesta USD 57.467. Mena asegura que para evitar esos costos las empresas prefieren dejar los campos abandonados y que, sin un correcto proceso de reforestación, los suelos quedan contaminados y lo que crece no sirve ni siquiera para la agricultura.
Así, como esa pampa solitaria, Mena asegura que quedan todos los frentes mineros antiguos y olvidados que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha reconocido, en sus inspecciones, que no tuvieron una correcta reforestación. El Ministerio ha iniciado siete acciones administrativas contra Terraearth Resources. Todas están en proceso inicial, sin embargo, la empresa sigue operando.
El 23 de septiembre de 2022, Fiodor Mena, como Director Zonal de Ambiente desde el 10 de enero de 2022 , fue una especie de mediador entre los representantes de Terraearth Resources que pedían permiso para usar el agua del río Sinchuyacu en sus actividades, y los colectivos sociales que se presentaron a la audiencia a pedir que ya no emitan un solo permiso más a Terraearth Resources después de que estudios de la universidad IKIAM comprobaran que por las descargas directas que hicieron al río Chumbiyacu, este fue declarado muerto en 2021.
En ese encuentro, los activistas ambientales reclamaron a la empresa por estar contaminando los ríos, a lo que el abogado de Terraearth Resources, Daniel Cruz, aceptó que sí hubo descargas directas de material contaminado a las fuentes hídricas pero que, la culpable, es la minería ilegal que invade sus concesiones.
Hernán Lema, consultor ambiental de Terraearth Resources insistió en que todo el mal manejo ambiental, la contaminación y la muerte de los ríos es sólo una muestra de que el Estado no ha tenido la capacidad de controlar la minería ilegal y que Terraearth Resources sólo da trabajo y permisos para que mineros artesanales laven el suelo alrededor de sus retroexcavadoras.
Afuera de la sala de reuniones de ese 23 de septiembre de 2022, estuvieron los pobladores de Santa Mónica, comunidad vecina de Shiguacocha, por tres horas, con carteles que apoyaban a la minera. Fueron traídos en buses. El gerente de Terraearth Resources, Peng YongMing, ante los reclamos de los colectivos sociales, en un momento de la audiencia perdió la cabeza y gritó en chino alguna orden que hizo que en silencio los pobladores de Santa Mónica llenaran la sala de las oficinas del Ministerio Zonal de Ambiente.
Hubo un altercado entre Yongming y una activista y Fiodor pidió a los comuneros que salieran. “No se dejen tratar así", dijo, al final de la reunión, Yessenia Hernandez representante de Napo Resiste, a los comuneros de Santa Mónica que iban en fila siguiendo a un chino con un overol azul que los llevaba de regreso a los buses.
Fiodor no dio paso a la utilización del río Sinchiyacu a la empresa minera:
―Hubo muchas inconsistencias en los informes, además tenía prohibiciones de operación―, dijo con un deje de sonrisa.
―Tampoco aprobé el Certificado de no afectación de recursos hídricos que pedía Terraearth, y sin eso no se puede operar tampoco―, recordó Mena.
Esa fue una de sus últimas decisiones antes de ser reemplazado de su puesto el 4 de abril de 2023.
― ¿Cómo se mantuvo tanto tiempo en el cargo de Director de Ambiente de Napo, si usted es un defensor de los derechos de la naturaleza?
En la pantalla de Zoom, entre esos lentes que le dan todo el aspecto de científico, Fiodor Mena sonríe y suspira antes de responder
― Hay mucha presión, sí, ahí se vive mucha presión.
Las pugnas y la presión por el dominio del territorio entre las empresas mineras y los pobladores son más frecuentes de lo que parece.
“No hay minería buena. La condición para que entre esta actividad extractiva en el territorio, siempre es la violencia”, afirma Mishel Báez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, politóloga y especialista en temas mineros.
―La estrategia siempre es la misma: buscan un par de familias con las que negocian primero: les dan trabajo y beneficios económicos. Es lo que llamamos la tecnología de la división. Saben la fuerza que tienen las comunidades amazónicas y, para poder tomar posesión de los terrenos, deben dividir―, insiste Baez.
Otra de las jugadas que se repiten en todos los asentamientos mineros ―Baez confirma que el modus operandis ha sido igual en Argentina, Chile y Brasil de acuerdo a sus estudios― es aprovechar la estructura patriarcal y ofrecer viajes, dinero y alcohol a los presidentes de las comunidades para paliar la resistencia que generalmente viene por parte de las mujeres.
Y, por último, Baez dice que hay que poner atención a la nueva forma de división que tiene relación con la brecha generacional. Ofrecen tecnología, dinero y nuevas ideas de progreso a los jóvenes, apartándolos de la defensa de la naturaleza de los ancianos.
Todo esto ha ocurrido en Shiguacocha.
Desde el 2016, cuando Patricio Villamil se encargó de la presidencia de la comunidad, ha venido reclamando ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros líderes comunitarios que, en los más de 20 años de explotación minera en sus territorios, les han ofrecido de todo y no han recibido nada. Que siguen pobres, ahora sin agua y sin tierras productivas.
Pero no todos están de acuerdo con él. Hay comunidades que aseguran que empresas mineras como Terraearth, sí les dan ayuda.
Raúl Grefa es uno de los representantes de la comunidad de Santa Mónica, que acompañó a Terraearth al pedido de utilización del río Sinchuyacu. Es una población vecina de Shiguacocha, con quien compartían el río Chumbiyacu. O comparten, pero el río ya no es una fuente líquida y cristalina sino una especie de lahar pantanoso. En 2020 un estudio de la Universidad Amazónica de Ikiam comprobó que el río Chumbiyaku tenía. Que no hay vida: ni un solo pez pasa por lo que antes era una fuente de pesca de las comunidades. Que en ese río no sobrevive ni el plancton. Que el sedimento es tan espeso que no entran los rayos de sol.
Grefa acepta que la minería está arrasando todo a su paso. “Los chinos contaminaron el río Chumbiyaku, es verdad y nos han dañado las tierras”, acepta. Sin embargo, insiste que, dada la situación de carencias en la comunidad, es preferible ganar unos “gramitos" de oro trabajando con a empresa o, al menos, recibir unos tanqueros de agua. Que si fuese por él “botaría" a todas las mineras de su pueblo y de toda la Amazonía, pero, como no es posible, “toca alinearse con alguna”.
“La culpa es del Estado por haber firmado las concesiones. Yo vivo aquí hace 60 años. Antes los ríos estaban limpios y llenos de peces, pero ya todo está dañado, en los riachuelos ya no podemos ni bañarnos. La tierra está envenenada”, dice Grefa.
El Estado Ecuatoriano perdió una impuesta por 12 colectivos de defensa de los derechos de la naturaleza de Napo en el año 2022. El Juez de la Corte Provincial aceptó la responsabilidad del Estado ecuatoriano de no haber controlado los incumplimientos ambientales de las mineras legales, lo que dejó cientos de pasivos ambientales. La Corte le dio 180 días al Ministerio de Ambiente, al de Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) para que pongan en marcha un plan de reforestación. Esta obligación venció en octubre de 2022 sin ninguna reparación ambiental. Ningún Ministerio se ha pronunciado sobre el tema.
El 24 de marzo de 2023, por presión legal de los colectivos, el Juez de Napo reconoció que las tres instituciones no han cumplido con el mandato por lo que exigió, en una nueva sentencia, que sean destituidos de sus cargos y que en 24 horas cumplan con la sentencia y el plan de reforestación.
El ministro de Minas, Fernando Santos Alvite, dijo, en una entrevista para esta investigación, el 23 de enero de 2023, que no sabía del tema de la Corte de Napo y que iba a pedir informes. La Agencia de Regulación respondió a los pedidos de información que no darán entrevistas hasta que el nuevo director posesionado, Patricio Bonilla “se empape” de los temas de la Institución. Por su parte, el Ministerio de Ambiente dijo que ese pedido de renuncia no tiene validez y que ellos están en proceso de creación del Plan de Reforestación.
“Entonces, al menos los chinos nos dan trabajito, nos dejan batear en sus concesiones” dice Grefa, y agrega que “de ahí, con suerte, podemos sacar, aunque sea un gramito de vez en cuando (equivalente a USD 45)”.
Grefa insiste en que estaría de acuerdo con que se vayan todos los operadores mineros de sus territorios. “Si se van, que se vayan todos, pero no solo los chinos, que en algo nos ayudan”.
En la página de Facebook de la empresa Terraearth Resources se promocionan constantemente las ayudas sociales que dan a las comunidades. Por ejemplo, un post del 26 de agosto de 2022 da cuenta de que entregaron una olla de 100 litros y 40 pollos a la comunidad de Santa Mónica para festejar su fundación. La foto, en plano abierto, muestra a los comuneros sentados alrededor de la cancha de baloncesto.
En otro post del 27 de diciembre de 2022, unos jóvenes con uniformes azules sonríen junto al personal de la empresa. En una decena de fotos más, se observa a la gente contenta recibiendo botellas de gaseosas, bolsas de basura repletas de cosas, niñas con gorros navideños rojos y, varios pobladores firmando las actas de recibido de esos obsequios. En todas las fotos aparece personal de Terraearth Resources.
La publicacion más reciente que da cuenta de las entregas de la empresa está fechada el 19 de abril de 2023. Allí celebran los 43 años de fundación de la comunidad Nueva Jerusalén, cercana a Shiguacocha, dentro de la concesión Regina 1S. En la foto principal posa sonriente y bella la reina del pueblo, junto con un trabajador chino y varias canastas (jabas) de cerveza a sus pies.
“La moneda de cambio por la destrucción del territorio y el divisionismo comunitario siempre han sido migajas”, insiste Rojas y agrega que ofrecimientos como proyectos de agua potable, casas comunales, apertura de vías o, a veces, ni siquiera eso sino unos cuántos dólares, sirven con tal de que la maquinaria pueda entrar y los operadores mineros se asienten a explotar el territorio y llevarse el oro.
Búsqueda de oro en el río Anzu. Photo / Shutterstock
Separados son más vulnerables
“La estrategia de las mineras es dividir. Negocian, compran o se relacionan con dos o tres familias y crean conflictos entre la comunidad. Es ya casi un modus operandi”, dice a orillas del Río Anzu, entre la bruma del amanecer, José Moreno, Coordinador de los colectivos sociales que luchan contra los daños ambientales y sociales de la minería en Napo, entre los que participan las Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), Napo Ama la vida, la Confederación de la Junta de Defensa del Campesino del Ecuador y presidentes de varias comunidades.
Dos días después de esta conversación, el 22 de marzo de 2023, Moreno fue atacado por mineros ilegales mientras acompañaba a un grupo de militares en un operativo de control en la parroquia Talag, del Cantón Julio Arosemena Tola.
Shiguacocha obtuvo su personería jurídica en 2008 con 40 socios y, según los estatutos, debían cambiar de presidente cada dos años.
“Como nos organizábamos entre nosotros, ni recordamos eso de seguir con la personería jurídica. Todo lo hacíamos conversando, en mingas, en reuniones entre los socios. Nos llevábamos bien, había roces como en todo grupo, pero ningún conflicto grave hasta que llegaron los chinos”, confiesa Patricio Villamil.
Villamil, de acuerdo con un documento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es presidente de Shiguacocha desde 2016.
“El trámite lo hice para poder solicitar a las autoridades de manera formal servicios de agua potable, alcantarillado o vías de acceso”, asegura Villamil.
Nada de esto tienen hasta hoy.
Cuando asumió la Presidencia, comenzó a exigirle a Terraearth Resources que cumpla con lo que ofrecía, como dar trabajo a la gente de la comunidad. También enviaba quejas a la empresa cuando descargaba los residuos de la extracción, con altas cantidades de metales pesados ―plomo, cadmio, zinc, cobre, bromo, boro y mercurio― directamente al río Chumbiyacu. Reclamó por los niños que comenzaron a enfermarse y por las tierras destrozadas que dejaba la empresa al terminar de “lavar el suelo”.
Lavar el suelo significa remover todas las capas de la selva con maquinaria pesada hasta llegar a formar piscinas de 10 metros de profundidad para extraer, junto con agua, mercurio y otros metales, el ansiado oro. Esos líquidos residuales, de acuerdo con Aidde Arvizu, geóloga y experta en geofísica, geotecnia, mecánica de suelos y exploración minera, deberían pasar a piscinas de tratamiento. Pero eso, en muchos casos, no ocurre y expulsan los desechos directamente al río, como lo comprobó el Ministerio de Ambiente en la inspección del 3 de febrero de 2022 en la zona de Shiguacocha.
"Lavar el suelo"
Así se conoce a la técnica de extracción de oro tanto en las orillas de los ríos como tierra adentro.
Las retroexcavadoras tipo oruga ingresan al terreno y lo primero que remueven es la superficie: selva en estado puro o zonas de agricultura
Siguen excavando hasta llegar al estrato de arcillas, que también lo desgarran con las máquinas. Debajo hay capas más rocosas. También las remueven. Todo el material lo acumulan en montañas de escombros.
Los hoyos gigantes a cielo abierto llegan a un mínimo de 10 metros de profundidad, donde se encuentra el ansiado metal dorado. Dentro de estas piscinas se inicia la extracción de los minerales que se revuelven con grandes cantidades de agua que separa los sedimentos (que flotan) de los materiales pesados que se quedan al fondo de tanques oxidados.
Este material pasa por unas torres en formas de Z en las que se cemirá con mercurio (que se pega al oro) que lo permite separarlo de otros materiales. El agua final de este proceso, en la mayoría de los casos, se vierte directamente a los ríos.
El mercurio luego es expuesto a altas temperaturas para que se evapore y quede el oro en estado puro.
Arvizu insiste en que, si las empresas mineras tuvieran buenos controles ambientales, estos daños podrían evitarse.
Pero eso no se hizo en Shiguacocha. “Y nos dejan la tierra así, inservible. Lodo inservible y encima venenoso porque está contaminado ¿Qué va a crecer ahí?”, exclama Antonieta Costales, señalando los límites del terreno de su suegro.
Eso lo dijo un día húmedo de septiembre de 2022. La comunidad quiso mostrar a esta alianza periodística los problemas de sus tierras. Dos semanas antes tuvieron un enfrentamiento con la población de Santa Mónica que quería dar paso a un retroexcavadora estilo oruga, mientras los habitantes de Shiguacocha ya no quieren más minería en sus territorios. Dicen que han sido testigos de ríos muertos y espesos, hectáreas de suelos abiertos, pedregosos e inservibles, e incluso, charcos grasosos de diésel que corren por los caminos.
Por todo eso reclamaba Patricio Villamil. “A ellos eso no les comenzó a gustar que yo me queje tanto. Nos querían contentar con migajas y yo no estaba de acuerdo. Desde que fui presidente de Shiguacocha, en 2016, pedía que afilien a los compañeros que minaban alrededor de las máquinas. Una vez me reuní con el gerente de la minera y me dijo que si hago entrevistas, y hablo bien de la empresa en los medios, ellos nos ayudarían con las necesidades de la comunidad. Les respondí que no haría eso”.
Luego de tanta insistencia por parte de Villamil, 19 años después de tener la concesión, en 2020 Terraearth Resources donó 9.000 dólares en materiales de construcción para que hicieran la casa comunal. Ese fue uno de los momentos más alegres en esa parroquia rural refundida en la Amazonía. Entre todos levantaron el salón de paredes rosadas, ventanas sin vidrio y con rejas negras, techo plateado y con la cancha de fútbol al lado. De esa algarabía, solo quedan fotos.
Ese sábado de septiembre de 2022 se reunieron, muy serios, los socios de Shiguacocha en la casa comunal sin saber que iba a ser de las últimas veces que estarían allí dentro.
Contaron sus penas y su pesar por la violencia con la que se ha inundado el pueblo.
Antonia Aguinda recordó que cuando las máquinas comenzaron a trabajar en sus terrenos, ellos rodearon una retroexcavadora y a un compañero casi lo matan con la misma máquina. Aguinda contó varias veces ese episodio y, en todas esas veces, las lágrimas la acompañaron.
“Los chinos compran conciencias, ese es el mayor problema, que nuestras propias comunidades, nuestras propias familias vienen a insultarnos por estar en contra de la mineria”, dijo con eco Norberto Urresta en ese calor estancado entre la rabia de los habitantes de Shiguacocha.
“Yo no quiero compasión, yo quiero justicia para Shiguacocha”, insistió la joven Natali Illapa y recordó esos fines de semana en que todo era fiesta alrededor de la construcción de la casa comunal.
La cancha de fútbol quedó descuidada, ya nadie se atreve a jugar ahí. Ese 22 de septiembre, al terminar la asamblea, salieron callados, sin un rastro de la emoción que vivieron en ese mismo sitio hace casi tres años.
La pugna entre 50 familias llegó lejos
Quito, D.M., 30 de marzo de 2021
Asunto: REGISTRO DE DIRECTIVA E INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD KICHWA “SHIWA COCHA” DEL RÍO ANZU
Señor
Nelson Humberto Aguinda Andi
Presidente Encargado
COMUNIDAD KICHWA SHIWA COCHA
En su Despacho
De mi consideración:
Así comienza una notificación de la Secretaría de Derechos Humanos en la que reconoce a Nelson Aguinda como presidente de la comunidad. Además, avala las resoluciones de una supuesta Asamblea realizada el 21 de febrero de 2021 entre las que consta la reelección de Nelson Aguinda como presidente con 36 votos por sobre 14 votos del segundo candidato y 10 votos del tercero. Se aprobó la inclusión de 40 nuevos socios, y la exclusión de 9 personas de la comunidad, entre esas, Patricio Villamil.
Según el documento, la Asamblea inició a las 15h10 y concluyó a las 14h20.
―Imagínese, había tantas inconsistencias que hasta la hora pusieron mal. Nunca nos avisaron de la reunión y, sin explicación, decidieron sacarnos de la comunidad. Hubo personas que antes de ser aceptadas como socias ya dieron su voto. De los supuestos 40 nuevos socios, menos de cinco viven en Shiguacocha―, dice molesto Patricio Villamil.
― Pero entre las personas que firman ese documento hay apellidos Villamil, Aguinda, Gualinga.
―Así es, y son familia mía y de otras personas de la comunidad, porque eso hizo la empresa, nos dividió. Es doloroso tener que pelearse con la misma sangre. Comenzaron a decir que yo estaba en contra del progreso del pueblo, que no les dejaba beneficiarse. Yo solo intentaba explicar que nos estaban dando limosna pero que cuando se vaya la empresa nos dejará más pobres, con tierras inservibles y con odio.
Terraerath Resources ha tenido, en la concesión Regina S1, 29 inspecciones de control y seguimiento por parte del Ministerio de Ambiente entre 2013 y 2022. Sólo en una, la realizada el 3 de febrero de 2022, se detectaron más de 55 incumplimientos ambientales entre los que consta la verificación, al momento de la inspección, de descargas directas al río, la no existencia de piscinas para tratamiento de las aguas residuales, 55 galones de combustible en mal estado, falta de separación de desechos en los frentes de trabajo. Por eso, desde el 6 de septiembre del mismo año tienen prohibición de seguir operando.
Sin embargo, de acuerdo con imágenes satelitales de Planet, entre septiembre de 2022 y mayo de 2023 se han ampliado tres frentes mineros en la zona de Shiguacocha.
El río del que vivía la comunidad, el Chumbiyaku, ese que la Universidad de Ikiam confirmó que tiene 500 veces más metales pesados de lo permitido, sigue muerto. La población vive del agua de la lluvia que recolectan en tanques de plásticos azules dispuestos encima de sus casas de madera.
El tío de Patricio Villamil también tiene liderazgo y junto con otras tres familias fueron quienes realizaron ese trámite en Quito para crear una nueva directiva a sus espaldas.
Mientras tanto, Villamil envió a la Secretaría de Derechos Humanos una petición de revocatoria de las decisiones tomadas esa tarde del 21 de febrero de 2021.
Fue un año y cuatro meses de cartas, informes, notificaciones, pagos a abogados, firmas y correos hasta que la justicia le dio la razón (a medias) a Villamil y resolvió dejar sin efecto el Acta de la Asamblea de ese 21 de febrero en la que expulsaron a 9 miembros de la comunidad, escogieron otro presidente y afiliaron a 40 personas más (casi todas de apellido Aguinda).
Sin embargo, la Corte de Justicia de Napo decidió también que se podría mantener la personería jurídica de Shiwa Cocha, en cabeza de Nelson Aguinda.
Mientras esto sucedía en los edificios judiciales, las familias de la comunidad de Shiwa Cocha retuvieron la llave de la casa comunal construida en 2020. Cuando se dio la sentencia, Patricio Villamil las recuperó.
― Entonces, ¿la comunidad se llama Shiguacocha o Shiwa Cocha?
― Ahora existen las dos. Somos 36 socios en Shiguacocha y yo soy el presidente reconocido por el Consejo de Participación Ciudadana. Soy presidente de hecho, pero no de derecho, al no tener personería jurídica. Las otras cuatro familias, incluida la de mi tío, forman Shiwa Cocha y se quedaron con representación jurídica.
Patricio Villamil cuenta que, a pesar de la humildad del pueblo ―ocho de cada diez personas en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola viven en la extrema pobreza (menos de dos dólares diarios) y no tienen acceso a agua potable― la mayoría de socios de Shiguacocha han dado cuotas de más de USD 100 para pagar a los abogados y defenderse del “otro bando” que hasta llegó a pedir que les quiten las escrituras de sus propiedades.
―No todos han podido dar la cuota, así que hice un préstamo que hasta ahora estoy pagando. Los “otros” no sé con qué plata pagarán tanto abogado―, insiste Villamil.
Los pobladores de Shiguacocha dicen que seguirán luchando hasta que sancionen a Terraearth Resources por los daños ambientales y sociales que están dejando a su paso. “Aunque sea vendiendo nuestras últimas gallinas, vamos a luchar”, dice Patricio Villamil.
Hasta el momento no hay sanciones en firme contra la empresa por parte de ninguna entidad pública, más allá de los informes técnicos del Ministerio de Ambiente.
En diciembre de 2022, Shiguacocha organizó una fiesta de Navidad. Al querer entrar a la sala comunal ―esa que fue construida en minga, con risas, fútbol, comida y cervezas― se dieron cuenta que estaba con otros candados. Las familias de Shiwa Cocha le pidieron al intendente de policía que ese lugar se mantenga cerrado.
“Nos quedamos sin poder festejar a los niños”, se lamenta Patricio Villamil. “Puede que haya empresas que cumplen con sus obligaciones, pero esta minera parece hecha por el mismo diablo. A ellos no les interesan las familias, no les interesa la comunidad, no les interesa el bienestar. A ellos sólo les interesa llevarse la riqueza a costa de toda explotación”, dice Villamil por teléfono, antes de iniciar su jornada laboral como guardia de seguridad en otra ciudad a la que va por turnos porque en su pueblo no hay trabajo, ni tierra fértil, ni agua.
Nos volvimos a comunicar con el abogado Cruz, quien representó a Terreaearth Resources en esa audiencia del 23 de septiembre de 2022. Cruz dijo que no sabía nada sobre el tema de la división social. Intentamos contactarnos con algún responsable de la empresa sin lograr una respuesta hasta el cierre de esta edición
El 31 de octubre de 2022 Terraearth Resources tuvo la aprobación de permisos ambientales por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para el Proyecto Tena, una concesión de más de 7 mil hectáreas en el cantón Tena, contiguo al cantón Carlos Julio Arosemena Tola, donde se encuentra Shiguacocha.
